En agosto de 2024 entró en vigencia la segunda fase de la Ley de Delitos Económicos y Medioamebiente para empresas, que incluye importantes modificaciones a la Ley 20393 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
Estas modificaciones ampliaron enormemente el catálogo de actos y conductas al interior de una empresa que pueden categorizarse como delito. Ignacio Avila, gerente general de Avifel, explica que “ahora, un acto cometido en provecho o beneficio de la empresa como consecuencia del incumplimiento del deber de dirección y supervisión de una jefatura podría ser indicio de delito. Esto quiere decir que las consecuencias de no definir con claridad las cadenas de toma de decisiones en nuestros sistemas podrían conllevar incluso a la cárcel del representante legal o bien de sus delegados”.
En este contexto, se está llevando a cabo la formulación del Programa de Integridad y Cumplimiento (PIC) en todas las áreas de la empresa que prevenga la aparición de delitos, sean o no voluntarios; con la colaboración de 11 encargados pertenecientes a gerencias o jefaturas de departamento. Cabe destacar que la correcta implementación y supervisión de este programa evita la posible responsabilidad penal en caso de incurrir en un error.
Confección Programa de Integridad y Cumplimiento
La segunda quincena de marzo, la consultora jurídica SyD se comenzó entrevistas a 11 encargados de área, a partir de las cuales se generará la matriz de riesgos de delito; etapa que culminará en junio. Se espera contar con el PIC completamente diseñado e implementado en diciembre de 2025.
María Teresa Díaz, abogada de SyD, explica que “las entrevistas están diseñadas para recopilar información detallada sobre los procesos de trabajo de las áreas bajo la responsabilidad de los participantes. El objetivo principal es revisar los flujos de trabajo, las relaciones y dependencias críticas dentro de cada área. Desde el área legal, el principal objetivo que se persigue con estas entrevistas es levantar información que nos permita asegurar que la gestión interna cumpla con la normativa vigente, especialmente aquella relacionada con delitos económicos y medioambientales y responsabilidad penal de la persona jurídica”.
Como análisis preliminar, María Teresa destaca que “se ha identificado un compromiso significativo con la eficiencia operativa, la transparencia y el cumplimiento normativo“.
Dentro de los procedimientos, “el trabajo implementado en el ERP de la empresa ha permitido no solo alcanzar un alto nivel de transparencia, sino también establecer un seguimiento preciso de los movimientos dentro de los diferentes departamentos. Esta capacidad de trazabilidad resulta crucial para cumplir con las normativas legales, ya que facilita la validación y supervisión de procesos, minimizando riesgos y fortalece la capacidad de la empresa para demostrar su responsabilidad corporativa frente a la legislación vigente”.
Por otro lado, “en el área de Recursos Humanos, se ha implementado un sistema de doble control en las aprobaciones de transacciones y cálculos, primero por el departamento de Recursos Humanos y luego por la Gerencia General. Este enfoque estructurado no solo minimiza errores, sino que también otorga mayor confiabilidad y solidez a los procesos internos, garantizando que cada acción esté debidamente revisada y respaldada”.
Con respecto a los desafíos, María Teresa puntualiza que existe un valiosa oportunidad de mejora para fortalecer la coordinación entre Casa Matriz y obras, para asegurar la continuidad de la producción con un enfoque estratégico que integre productividad y responsabilidad normativa. Asimismo, “este momento ofrece una oportunidad perfecta para reflexionar sobre los procesos internos de la empresa y formalizarlos, ya que documentar y escriturar los procedimientos ayudará a elevar el estándar de gestión, estableciendo bases claras que no solo contribuyan al cumplimiento normativo, sino que también fomenten la transparencia y la trazabilidad en las operaciones“.